El objetivo del Acuerdo de París que plantea limitar el aumento de la temperatura de nuestro planeta a los 1,5°C para el 2030 es impostergable. La transición energética justa es un componente indiscutible para la materialización de este propósito. En ese sentido, se necesita un tránsito paulatino de una matriz energética en la que las fuentes primordiales de energía que estén basadas en combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo, etc.) se muevan hacia una en la que las fuentes de energías preponderantes sean las llamadas energías limpias (eólica, solar, entre otras). Urge la construcción de un plan metódico y transparente que explique y delimite las acciones y alcances de este proceso y en el que puedan plantearse acciones que, además de darle la vuelta a la matriz energética, transformen las prácticas de generación en los territorios que han vulnerado los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las personas y comunidades que allí habitan. La Transición Energética será Justa cuando la lógica de las grandes empresas-que atiende únicamente a sus intereses- sea reemplazada por una voluntad de escucha hacia quienes habitan y defienden estos lugares, particularmente hacia las mujeres.
Una historia conocida: abusos de poder intrínsecos al modelo productivo
Han pasado 35 años desde la puesta en marcha de la operación extractiva de carbón del Cerrejón en La Guajira, la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, presentada como un hito de la industria del desarrollo de los hidrocarburos en Colombia. En su página de internet, Cerrejón resalta su compromiso con la conservación y protección del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos, toda una declaración de intenciones incumplidas si se tienen en cuenta las denuncias que las comunidades Wayúu han hecho sobre las prácticas ya recurrentes de esta compañía, que se encuentran recopiladas en un informe entregado al relator de la Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente en el 2020 y sobre las que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado Recientemente, esta mina de carbón ha vuelto a ser noticia por su negligencia ambiental y social en un territorio en el que el agua es escasa. El desvío del Arroyo Bruno ha repercutido en las relaciones espirituales y culturales construidas alrededor de este ser vivo y en una restricción de acceso al agua que afecta profundamente a las mujeres.
El caso del Cerrejón no es el único que reproduce prácticas que instrumentalizan la participación de las comunidades al tiempo que daña el medio ambiente. En Putumayo también se han venido manifestando preocupaciones sobre las repercusiones sociales y ambientales alrededor de proyectos extractivos. Más específicamente sobre las actividades que han contaminado las fuentes hídricas en la zona del corredor Puerto Vega – Teteyé. Como lo explica la corporación Geoambiental TERRAE en su Informe sobre el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de explotación petrolera en el corredor Puerto Vega – Teteyé (Puerto Asís, Putumayo) : “Las condiciones de calidad de las fuentes hídricas de la zona se han visto claramente afectadas producto de la operación del proyecto”.
Estos casos ilustran cuatro puntos en los que los conflictos ambientales anclados a la extracción de combustibles fósiles en nuestro país convergen: la confluencia de diversos intereses y actores (políticos, sociales, económicos, armados, legales e ilegales), la obstrucción a la participación d e las comunidades (particularmente de las mujeres), los daños a los ecosistemas que alteran las relaciones productivas y espirituales en los territorios y la profunda desigualdad que se reproduce con la distribución de las ganancias producto de la actividad extractiva. Mientras las empresas, en la mayoría de los casos multinacionales, se han beneficiado de la rentabilidad de este sector, una investigación de la Contraloría General de la Nación manifiesta que “el desarrollo expresado en términos de la calidad de vida de la población en las principales zonas mineras, está sensiblemente rezagado en relación con municipios en donde predominan actividades distintas a la minería”.
La Transición Energética Justa. ¿Las energías limpias transformarán las desigualdades estructurales?
A primera vista el panorama no es alentador. En La Guajira, colectivos y organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayúu e Indepaz han denunciado la falta de participación de las comunidades en las diferentes fases de los proyectos de energía eólica que se vienen adelantando en el departamento. Para ellas “la transición energética [justa] no es real si no se construye con las comunidades […] menos cuando es desde una imposición de las oficinas” llamado que parece no tener mucha acogida en las empresas y autoridades que se plantean la construcción de los 16 parques eólicos en este departamento. Las vulneraciones sufridas por las comunidades en la implementación de las consultas previas y en el derecho a un consentimiento previo, libre e informado van acompañadas de afectaciones irremediables a zonas de actividad económica de pesca y a ecosistemas sagrados. Un ejemplo de esto son los aerogeneradores del proyecto parque eólico Astrolabio que hacen parte de un complejo andamiaje de infraestructura para producción de energía a base de viento que se planeta construir costa afuera en el mar Caribe y que Indepaz ha venido documentando de manera detallada.
A estas viejas prácticas corporativistas en la producción de nuevas energías se suma la preocupación sobre los efectos que tendrá la elevada demanda de minerales para la fabricación y construcción de elementos e infraestructura requerida para la puesta en marcha de estos parques. Algunas estimaciones, como las realizadas por la Agencia Internacional de Energía (p.190), calculan que la demanda de cobre podría aumentar hasta en un 40% mientras que la de litio podría llegar hasta un 90%. ¿De dónde salen estos minerales? De minas ubicadas en territorios como Mocoa en Putumayo, en los que se encuentran proyectos de explotación de cobre y molibdeno en los que la situación con las comunidades indígenas que habitan este lugar no es muy diferente a la expuesta a lo largo de este escrito.
El desafío que tiene el gobierno actual de implementar una estrategia para una Transición Energética Justa con enfoque social es enorme. Allí se plantearán acciones que permitan al país cumplir con los objetivos mundiales para enfrentar la crisis climática y al mismo tiempo podrían incluirse directrices que sienten las bases de un modelo que se aproxime a los territorios buscando la protección del medio ambiente y de los derechos de sus habitantes. Es urgente garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, particularmente el de las mujeres, que son quienes experimentan las vulneraciones de derechos más drásticamente.
En un primer paso, el presidente Petro y la ministra Vélez han venido comunicando la inclusión de proyectos relacionados con este tema en su agenda de gobierno. La revisión del código minero y la realización de encuentros nacionales para la construcción de una ruta de transición energética son ejemplos de estos anuncios. Ojalá que modelos de generación y extracción diferentes a los actuales queden como resultados de estas intenciones
