La coalición Finanzas Justas Colombia forma parte de la red global Fire Finance International y está compuesta por Censat Aqua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y Oxfam Colombia. La coalición busca unir esfuerzos y acciones en favor del cuidado de la vida, la justicia ambiental y la protección y fortalecimiento de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades locales, con especial énfasis en las mujeres. Esto incluye una aproximación crítica a través de la investigación y la incidencia frente a los impactos y responsabilidades de las empresas y del sector financiero con respecto a la financiación e implementación de proyectos extractivos o de compensación que afectan los territorios.
Igualmente, es de interés de la iniciativa analizar los proyectos, inversiones y políticas en el marco de la transición energética justa, entendiendo que los procesos de transición deben involucrar acciones de reparación integral, justicia social y participación efectiva de las comunidades en los territorios en los que se realizan los proyectos.
Cada vez es más evidente que, en lo relacionado con los mercados de carbono, el acceso a información clara y detallada es a menudo limitado, lo que dificulta la comprensión de diversos actores, especialmente las comunidades locales y las organizaciones de base. Esta falta de accesibilidad impide un debate informado y equitativo, y puede llevar a decisiones que no reflejen adecuadamente los intereses y necesidades de aquellas personas directamente afectadas.
Numerosas investigaciones, informes técnicos, documentales y denuncias públicas han demostrado la violación sistemática de los derechos humanos (DD. HH.) de los pueblos wayuu y las comunidades afrodescendientes en La Guajira, Colombia. Muchas de estas violaciones están vinculadas a la actividad minera de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, de propiedad de Glencore. Carbones del Cerrejón opera la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica y ha sido objeto de múltiples fallos judiciales por parte de distintas instancias, como las Altas Cortes de Colombia, y de pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), parlamentarios europeos y organismos internacionales.
El propósito de este informe es denunciar dicha violación continua de los DD. HH. ocasionada por la actividad extractiva de Glencore, empresa suiza que ha tenido un control creciente sobre El Cerrejón: desde 1995 fue dueña de la zona centro de la mina, desde el 2002 hasta el 2021 dueña de una tercera parte de la operación y, desde 2021, es dueña total de la mina, con un accionar caracterizado por la injusticia socioambiental y la impunidad corporativa, que ha condenado a La Guajira al sacrificio. Igualmente, este informe advierte sobre el riesgo que implica una eventual salida de Glencore del mercado de carbón en Colombia, sin cumplir con sus obligaciones históricas con las comunidades y sin llevar a cabo una reparación integral, como ya lo hizo en sus minas en el departamento del Cesar.
Este informe fue hecho por Censat Agua Viva con el apoyo de la coalición Finanzas Justas Colombia, CINEP y Oxfam Colombia.
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