Con la crisis de salud pública, generada por la pandemia de la COVID-19 (Coronavirus Infectious Disease 2019), todos los países buscaron responder oportunamente movilizando talento humano, recursos monetarios e infraestructura tecnológica. En muchos casos, la misma estructura institucional del Estado, o su modificación a través de las facultades extraordinarias de los estados de excepción, hizo difícil la veeduría en el manejo de los recursos públicos, generando claras barreras en el acceso a esta información.
En Colombia la gestión de los recursos públicos para la vacunación se dio bajo procedimientos específicos, reglamentados a través de decretos con la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Estas normas, y la forma en la que fueron interpretadas por las instituciones, desatendieron los principios de la contratación pública y de la transparencia en el acceso a la información.
Este documento hace un análisis de las barreras a la transparencia en la financiación, negociación y distribución de los recursos de vacunación durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Colombia. Se inicia con una descripción de los principales cambios normativos que dieron lugar al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) como nueva fuente de financiación, y de cómo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumió la labor de administrarla. Posteriormente se hace un análisis de las barreras en el acceso a la información sobre estos recursos en los sistemas de veeduría pública institucional.
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