Organizaciones de mujeres rurales, indígenas, campesinas, y afrodescendientes plantearon a congresistas, funcionarias y funcionarios de Departamento Nacional de Planeación, las prioridades legislativas para reducir las brechas de desigualdad y avanzar en justicia climática y ambiental y de género durante el periodo 2026–2030.
Garantizar los derechos de las mujeres rurales, fortalecer la protección de quienes defienden sus territorios y asegurar que la transición energética en Colombia sea justa, tenga un enfoque de género y derechos humanos, fueron las principales prioridades planteadas por organizaciones sociales durante un desayuno de trabajo realizado este miércoles en Bogotá.
Oxfam Colombia, la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, el Tejido Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW) y la Asociación de Mujeres Indígenas ASOMI Chagra de la Vida presentaron un documento de propuestas y recomendaciones construido a partir de las experiencias, preocupaciones y demandas de mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes y rurales de diferentes regiones del país.
El encuentro abrió un espacio de diálogo entre organizaciones sociales, representantes del Congreso de la República, funcionarias y funcionarios del Departamento de Planeación Nacional para identificar oportunidades de articulación y fortalecer una agenda legislativa y de gobierno que permita enfrentar las desigualdades que afectan a las mujeres en los territorios, así como avanzar en justicia ambiental, climática y de género.
Entre las principales propuestas presentadas se encuentra la reglamentación e implementación efectiva de la Ley 731 de 2002 y su actualización Ley 2462 de 2025, conocida como Ley de Mujer Rural, con el propósito de avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres rurales.
Las organizaciones sociales hicieron énfasis en la necesidad de establecer garantías integrales para las mujeres defensoras del territorio y el ambiente mediante el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección frente a las amenazas y riesgos que enfrentan, así como la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.
Una tercera prioridad está relacionada con la transición energética justa, para que los procesos de transformación de la matriz energética del país respete los derechos territoriales, incluyan soluciones energéticas construidas por las comunidades y garanticen la participación efectiva de las mujeres.
“Estuvimos reunidas con distintos senadores y representantes a la cámara en múltiples partidos, discutiendo sobre las prioridades que nos hemos planteado para el próximo Plan Nacional de Desarrollo en términos de las prioridades para las mujeres rurales, indígenas, campesinas y afrodescendientes. Hablamos de la importancia de darle continuidad a todos los esfuerzos para financiar la Ley de mujer rural Ley 731 de 2002 y Ley 2462 de 2025. Resaltamos la importancia de que la transición energética sea justa, participativa y con recursos que se distribuyen y tengan en cuenta las comunidades en donde se realizan estos proyectos, y que se reconozca y fortalezca los liderazgos territoriales de mujeres defensoras. Esperamos que este sea el primero de muchos acercamientos y muchos encuentros que viabilicen una apuesta política que pone en el centro a las mujeres, de justicia, los derechos y los derechos.”, destacó Juan Sebastián Pardo, coordinador de Influencias y Alianzas de Oxfam Colombia.
Sandra Sáenz, de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales colombianas, agregó: “nosotras, las mujeres rurales, que queremos hacer ese ejercicio de incidencia para que podamos tener mejores artículos en un plan de desarrollo que nos favorezcan y den prioridad a soberanía alimentaria, transición justa energética y, bueno, las leyes que tenemos en beneficio de los buenos lugares”.
Al espacio asistieron congresistas de diferentes sectores políticos: Ana Paola Agudelo, partido Mira; Aida Luz Jiménez Romero, del Pacto Histórico; Astrid Sánchez Montes de Oca, del Partido de la U; Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, de Dignidad y Compromiso; Yaini Isabel Contreras Jiménez, Jannet Contreras y Mary Jurado Palomino, del Pacto Histórico; Omar Francisco Vidal del Partido Liberal. También estuvieron presentes integrantes de las UTL de Orlando Rayo, del MAIS; María Fernanda Carrascal, Carolina Corcho, Lourdes Paola Mateus Serrano, Miguel Rubio, José Luis Bohórquez López, Gabriel Becerra Yáñez, Miguel Ángel Rubio, del Pacto Histórico; Claudia Margarita Zuleta Murgas, Centro Democrático; y Mauricio Toro, de Alianza Verde.
También participaron representantes de la Subdirección de Género y Subdirección de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación, Extituto de Política Abierta, la Embajada de Canadá y ONU Mujeres, ampliando el diálogo sobre los desafíos y oportunidades para incorporar estas prioridades en las políticas públicas y en la acción legislativa.
Las organizaciones convocantes señalaron que el diálogo con el Congreso constituye un primer paso para promover una agenda de trabajo durante el periodo legislativo 2026–2030, orientada a cerrar las brechas que enfrentan las mujeres rurales, indígenas, campesinas y afrodescendientes, y a garantizar que las decisiones sobre desarrollo, energía y protección ambiental reconozcan su rol, capacidad de agencia y derechos.
Tres prioridades para la agenda legislativa y Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030
- Mujeres rurales: reglamentación e implementación efectiva de la Ley 731 de 2002 y la Ley 2462 de 2025.
- Defensoras de derechos y del territorio: medidas integrales de prevención, protección y garantías para el ejercicio de su labor e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.
- Transición energética justa: participación efectiva de las mujeres, fortalecimiento de la economía popular y de las alternativas comunitarias para la diversificación energética, enfoque de género y respeto por los derechos territoriales.