“¿Por qué el amor...? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor... ¿se traduce en tanta violencia?”
La relación cuerpo – territorio es clave para comprender los impactos de la violencia sexual en las culturas ancestrales y el por qué se da la necesidad de control sobre los cuerpos de las mujeres para reafirmar el poder. Históricamente para muchas comunidades indígenas y afrocolombianas, cuando una mujer es víctima de violencia sexual, no sólo hay una ruptura y quiebre en su vida, sino también un atentado a su territorio, que rompe, infecta, contamina y hace vulnerables a las mujeres que integran o conforman una misma comunidad.
Por siglos no hablar del cuerpo femenino, de lo que le duele, lo atraviesa y experimenta ha hecho que no exista un lenguaje para enunciar el dolor, y en consecuencia solo se percibe un silencio incómodo y aterrador. Miles de mujeres son víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, y sí se considera explorar un panorama más allá de las estadísticas, están las historias de vida, los testimonios, y los relatos abominables sobre como las mujeres en su diversidad vivieron toda clase de aberraciones y violaciones a su integridad y su dignidad, generando una herida que rápidamente se convirtió en colectiva.
¿Cómo reparar la violencia sexual? ¿Cómo indemnizar simbólica o psicológicamente a quienes han sufrido este crimen? ¿Cómo reparar lo irreparable? La pregunta sin una respuesta clara y contundente es motivo de conferencias, plantones, protestas, debates, audiencias, eventos, paneles, ponencias y toda clase de espacios dónde las mujeres organizadas en y desde distintas regiones, luchas y sentires han expresado sus inquietudes, sus opiniones y sobre todo su amplia e irrevocable necesidad de justicia y verdad frente a la impunidad.
¿Y qué es la impunidad? ese silencio cómplice, ese ruido ahogado donde las sobrevivientes de estas violencias se enfrentan a un sistema de justicia que las revictimiza, juzga, señala y pone el dedo en la llaga sin ningún cuidado y sigilo; en el que cuando las mujeres denuncian se encuentran con cuestionamientos y estigmatización, y es ahí donde callar parece mejor opción que gritar.
Hace casi un año la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció que abriría un macrocaso de violencia sexual, que correspondería al número 11 y abordaría las violencias sexuales, basadas en género y reproductivas cometidas por las FARC-EP y la fuerza pública. Las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y colectivos de víctimas proyectan que esta decisión se materialice en junio de este año, de ser así este sería un suceso histórico que abre posibilidades a la justicia y la verdad sobre los impactos que la guerra, el conflicto armado tuvo y sigue teniendo en los cuerpos de las mujeres colombianas.
El pasado 7 de febrero del 2023, varias organizaciones se reunieron tres días con Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en la Pontificia Universidad Javeriana; en ese espacio de conversación se escucharon las voces de organizaciones, colectivas, asociaciones de mujeres y personas LGBTIQ+ de todo el territorio nacional. Fue un espacio no sólo para nombrar los hechos escabrosos de las violencias basadas en género cometidas en el marco del conflicto armado, también para visibilizar y denunciar las violencias actuales que viven las mujeres y personas con orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas.
Violencias que van desde la desaparición forzada de adolescentes en Cartagena; la exposición y riesgo a la trata de personas que viven las mujeres migrantes que cruzan a diario las fronteras; la situación de las mujeres y niñas indígenas que se enfrentan a un sistema patriarcal dentro de sus comunidades, sumado al incremento de suicidios en adolescentes en Bojayá y Quibdó, que en su mayoría corresponden a una salud mental deteriorada por factores como el reclutamiento forzado, el desplazamiento y el contexto de pobreza, discriminación y desigualdad que sufren.
Por otro lado, están las agresiones que viven las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, en este caso mujeres y personas LGBTIQ+; Violencias que incluyen amenazas, ataques contra sus seres queridos, hostigamiento y en casos más extremos, violencia sexual y el silencio mortal que apaga sus vidas y liderazgos.
Cuando se le pregunta a una mujer sobreviviente de violencia sexual sobre cómo se sentiría reparada, las respuestas son muchas y variadas, y como en un juego de palabras surgen términos como: reconocimiento de los hechos, pues en Colombia tuvo que pasar más de medio siglo, la firma de un Acuerdo de Paz en 2016, para que se reconociera que las agresiones sexuales contra mujeres durante la guerra no son hechos aislados, son crímenes sistemáticos que atacan los cuerpos e hieren en lo más profundo a territorios y comunidades. Otras dicen que ver a sus agresores enunciar la verdad y recibir un castigo justo por la crueldad de sus actos es suficiente, pero lo más importante y en lo que todas están de acuerdo es en la NO REPETICIÓN.
Todas coinciden en que nombrar lo innombrable, decir en voz alta lo que vivieron, contar lo que pasó y promover una narrativa de la verdad favorece escenarios de diálogo donde se materialicen garantías de sus derechos humanos, su reconocimiento como personas de especial protección y sobre todo, y no menos importante, la construcción de un mundo mejor para las futuras generaciones y para que las niñas y adolescentes no tengan que repetir esta historia de dolor, sino por el contrario se escriba una historia de verdad, justicia y paz.
Por Luisa Gáfaro, Community Manager
