Colombia ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe mediante la Ley 2273 de 2022 (en adelante, Acuerdo de Escazú). Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-359 de 2024, precisó los parámetros constitucionales que deben guiar su implementación, reafirmando su relevancia para la garantía de los derechos humanos ambientales y el fortalecimiento de la democracia ambiental en el país. Con el depósito formal del instrumento de ratificación, realizado el 25 de diciembre de 2024, Colombia consolidó su adhesión a este tratado regional y asumió el compromiso de avanzar en su implementación progresiva.
En este contexto, los espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil adquieren un carácter estratégico para identificar desafíos, prioridades y propuestas orientadas a materializar los derechos de acceso y a reducir brechas históricas asociadas a la exclusión territorial, social y de género. Las reflexiones surgidas en el Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras y en el espacio denominado “Diálogo con la institucionalidad” evidencian la necesidad de integrar enfoques diferenciales, territoriales y de cuidado de la vida en el proceso de definición de acciones prioritarias.
El presente documento compila y organiza las propuestas formuladas por las mujeres participantes, con el propósito de aportar insumos para la construcción de la Hoja de Ruta de Acciones Prioritarias para la implementación de los artículos 3 al 10 del Acuerdo de Escazú en Colombia. De esta manera, busca contribuir al fortalecimiento de la participación efectiva, la toma de decisiones informadas y la consolidación de condiciones más seguras y equitativas para quienes ejercen la defensa ambiental en los territorios.
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