La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, Acuerdo de Escazú, tuvo lugar en Nassau, Bahamas, entre el 21 y el 24 de abril.
El Acuerdo cuenta con tres pilares: acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, los defensores y las defensoras ambientales son considerados el centro del Acuerdo.
Esta es la primera COP que se lleva a cabo en un país de El Caribe. La elección de esta sede, después de que el año pasado se desarrollara el Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales del Acuerdo de Escazú en San Cristóbal y Nieves, otro país caribeño responde a una apuesta de la mesa directiva saliente del Acuerdo -presidida por el gobierno de Uruguay- y de la Secretaría -a cargo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL- por visibilizar a El Caribe en este proceso.
También es la primera COP en la que Colombia participa como Estado parte, tras la ratificación del Acuerdo por la Corte Constitucional el 28 de agosto de 2024. En este contexto, el Subdirector de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reportó la definición de 24 acciones prioritarias para su implementación, entre ellas el fortalecimiento del sistema de información ambiental, una estrategia de gestión social del conocimiento ambiental y la creación de un mecanismo de participación para el seguimiento a la implementación de la hoja de ruta y un consejo consultivo del público que evaluará resultados.
Además, Colombia se integra a la mesa directiva del Acuerdo en calidad de vicepresidente junto con Bahamas, Belice y Panamá y con la presidencia de San Cristóbal y Nieves. Este nuevo rol representa una oportunidad para fortalecer su compromiso con los pilares del Acuerdo y con la protección de quienes defienden la naturaleza, la Madre Tierra y la vida, más allá del gobierno de turno.
Otros dos aspectos clave de esta COP fueron la presentación de la guía de transversalización del enfoque de género, construida por ONU Mujeres, la CEPAL y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y los avances del plan de acción sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La guía para la transversalización del enfoque de género cuenta con orientaciones para la implementación en todos los niveles (incluidos el nacional y el local) y está destinada a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones locales y academia.
Por su parte, el grupo ad hoc compuesto por Ecuador, Chile y San Cristóbal y Nieves, presenta como avance del plan de acción sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales la construcción de un diagnóstico sobre la situación en la región, que será presentado en el próximo foro que tendrá lugar el primer semestre de 2027 (no se ha confirmado el lugar).
Sin embargo, a pesar de estos avances, vemos con preocupación varios elementos que surgieron. En primer lugar, algunos gobiernos de ultra derecha se esforzaron en reducir las discusiones relacionadas con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales -forma en la que se ha definido a pueblos y comunidades étnicas y campesinas en el Acuerdo- en decisiones clave como la conformación del grupo ad hoc sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el argumento de que cualquier ampliación en la participación implicaría hacer las consultas a los gobiernos y esto retrasaría las aprobaciones programadas para esta COP.
La derechización de América Latina ha ido creciendo y con ella el espíritu participativo y de protección de las defensoras y los defensores tambalea. Con este panorama, el Acuerdo de Escazú debería considerarse un compromiso de Estado para todas las partes. Este Acuerdo se irá poniendo a prueba en los próximos años, incluso en Colombia.
Ante lo expuesto anteriormente y un escenario electoral polarizado en el país, la implementación del Acuerdo no puede estar sometida a la voluntad de quienes gobiernan. Creemos que, desde esta perspectiva, la delegación del actual gobierno postuló a Colombia como parte de la mesa directiva, como estrategia para que el próximo gobierno asuma un rol de liderazgo y articulación colectivo en el proceso de seguimiento a la implementación en los Estados y tenga la labor de atraer a los que aún no lo han ratificado. Hasta el momento, de los 27 países de América Latina y El Caribe suscritos al Acuerdo, solo 19 han ratificado su adhesión.
Ahora bien, creemos que el país se enfrente al reto de cómo hacer realidad la implementación del Acuerdo en un contexto en el que el conflicto armado se ha reconfigurado y que cada año Colombia se posiciona como el más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Otro gran reto es el de la articulación institucional, incluso para los gobernantes que quieren implementar el Acuerdo. Para el caso de la rama ejecutiva, el Ministerio del Interior cuenta con sus programas de garantías -con uno específico para lideresas y defensoras de derechos humanos- que no suelen articularse con las iniciativas que lidera el Ministerio de Ambiente y, aunque la Defensoría del Pueblo no es gobierno, no siempre hay articulación entre el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y los ministerios. Cada quien va llevando a cabo acciones por separado que podrían ser mucho más contundentes si se hicieran en colectivo, en clave de política de Estado. Por eso, desde Oxfam Colombia llamamos a las instituciones a articularse más efectivamente para garantizar la protección de las defensoras.
En este contexto, lo que se puso en evidencia en esta Cuarta Conferencia es que la sociedad civil o ‘el público’, según el Acuerdo, tendrá que seguir haciendo incidencia para que se den las conversaciones importantes y, a veces incómodas, y tendrá que seguir haciendo seguimiento a la implementación del Acuerdo en los países. La guía de transversalización del enfoque de género y los planes de acción sobre defensores y defensoras son herramientas clave para esta ardua tarea.
Mariana Tafur Rueda, Oficial de Incidencia