La “Paz Total” es la nueva bandera política con la que el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, pretende eliminar de tajo la violencia en Colombia y apuntarle a una paz con justicia social, incluyente y que rompa las desigualdades por las que han atravesado las comunidades históricamente en el territorio nacional. Sin embargo, el jefe de Estado deberá analizar unas consideraciones si decide avanzar en la siguiente dirección:
1. La decisión política de buscar negociar con los armados, pero con poca claridad de la estrategia política
El proyecto de Ley que el ejecutivo radicó en el Congreso con miras a la política de Paz del Estado abre la posibilidad de que las autoridades locales (alcaldes, gobernadores o voceros de gobierno en el territorio) puedan avanzar en diálogos exploratorios con los actores armados ilegales para adelantar negociaciones. Así mismo, contempla entra varias de sus medidas, que, una vez establecidas estas negociaciones, a los actores armados se les suspenderá órdenes de captura con el propósito de que pueden desplazarse sin limitaciones jurídicas en los territorios especiales que defina el gobierno y se garantizará la seguridad e integridad de aquellos que participen de los procesos de paz.
En esa apuesta política de lograr la “Paz Total” quedan algunas preguntas que pueden contribuir a la reflexión para su materialización en los próximos cuatro años: ¿Cómo será la hoja de ruta para negociar con el Clan del Golfo, las Disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, y otras bandas criminales? ¿Para cada uno será un proceso de paz diferente? El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), afirmó que más de 20 grupos armados se quieren sumar a la “Paz Total”. Ahora, ¿es posible adelantar más de 20 negociaciones con diversas agendas en cuatro años? La apuesta de la paz puede verse en riesgo con tanta dispersión.
Para el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo armado organizado es aquel que está bajo la dirección de un mando responsable, ejerce control territorial y le permite realizar operaciones militares concertadas y sostenidas.[1] Cabe preguntarse, ¿esta descripción se aplica a todos los actores armados en Colombia? ¿actúan de manera sostenida y con unidad de mando? Es importante considerar, ¿cuál es criterio de unidad, categorización y diferenciación con los actores armados? ¿El estatus de beligerancia podrá ser una alternativa para el gobierno con el fin de lograr acuerdos y negociaciones con los actores armados o que otro mecanismo existe para aquellos alzados en armas que sumen a la “Paz Total”? En este caso habría que analizar el riesgo de asumir los costos políticos que ello pueda acarrear en las negociaciones con el ELN.
Esta apuesta política tiene buena voluntad, la cual es fundamental para la reconstrucción del tejido social y la reconciliación en Colombia. No obstante, todavía hay desafíos para lograr una justicia social solida en el país, especialmente si la “Paz Total” va a continuar siendo una interpretación homogénea de que toda Colombia quiere lo mismo y en las condiciones que lo está planteando el actual del gobierno. Por eso, es vital lograr una agenda clara y unos objetivos alcanzables que se puedan cumplir en un cuatrienio para avanzar en lo que Francisco De Roux ha denominado la Paz grande.
2. Falta de un mensaje de claridad sobre liderazgos en el proceso
La poca claridad con la que el gobierno nacional se pronuncia en cómo se va a desarrollar la “Paz Total” deja bastante incertidumbre. Lo que se puede verse entre líneas inicialmente, es que, el jefe de Estado está direccionando estas iniciativas en dos frentes: 1) el diálogo con los grupos armados y 2) los diálogos regionales vinculantes con la población para la promoción de una justicia social. Sin embargo, no es tan preciso al interior del gabinete de gobierno, “quién lidera qué”, y como se articula a la hora de nutrir esta gran agenda.
Los armados ilegales enviaron una carta al Canciller Álvaro Leyva inicialmente mostrando su voluntad de Paz, y el Presidente, le dejó a Leyva el encargo de trabajar por la paz. Así mismo, Leyva ha adelantado acercamiento con actores clave como la iglesia para vincularla como garante y facilitador en la negociación entre gobierno y ELN, como un actor influyente en la construcción de paz. Entonces, ¿Cómo se viene articulando el Alto Comisionado de Paz y el Canciller, para un trabajo conjunto en la búsqueda de explorar diálogos con los armados?
Por su parte, Rueda ha venido dialogando de forma confidencial con las distintas estructuras armadas para explorar la voluntad de estas en un cese al fuego y un inicio de diálogos de paz. Lo cierto es que se vienen concretando estos acercamientos de gran importancia, pero con poca visibilización e información de la claridad estratégicas de cómo se abordaran los diálogos a futuro con las diferentes estructuras, y la falta de mensajes que generen confianza y respaldo del pueblo colombiano.
3. Los costos de la Paz: ¿Quién los asume?
El proyecto de ley para la “Paz Total” establece el Fondo para la Paz que tendrá como objeto la financiación de acciones y programas encaminados a la consolidación de la Paz. Si bien señala que este se robustecerá con aportes privados, públicos y de cooperación internacional, ¿será suficiente para la financiación de la “Paz Total”? De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, a junio de 2022 el hueco fiscal de Colombia oscilaba sobre los 70 billones de pesos. Para el año 2022, el portal Bloomberg señaló que el Acuerdo de Paz tendría 11 billones de pesos para su implementación y al 2021 el Fondo Multidonante de la ONU aseguró que a Colombia se le asignaron aproximadamente más de 153 mil millones de pesos para este propósito. No obstante, el Instituto Kroc evidenció que, a pesar de esa financiación disponible, solamente el 37% de las disposiciones del Acuerdo han tenido avances y mínimos, lo cual resalta que la implementación va lenta aun con la asignación de recursos disponibles.
Por lo anterior, es importante analizar: ¿Cómo el Fondo para la Paz puede ser sostenible, si, en un eventual caso se lograra la negociación con los más de 20 grupos armados que hasta ahora han manifestado su voluntad de paz? ¿El Fondo para la Paz como articulará las acciones de implementación del Acuerdo de Paz con otros procesos para no duplicar esfuerzos? ¿Cuál va a hacer la ruta que garantice que los fondos sean destinados para el cumplimiento total de las negociaciones con los armados y no se desvíen en escenarios posibles de corrupción?, ¿Lo asignado para el Acuerdo de Paz ha sido suficiente para su implementación? y ¿cómo se puede garantizar más recursos para futuros procesos de Paz, más allá de la cooperación internacional?
En resumen, hay una ruta en construcción que genera esperanza y responde a una necesidad sentida para fortalecer las bases en favor de continuar alcanzando la paz. A pesar, de lo existente en información y la dificultad para recibir comunicaciones públicas por parte de los actores estatales que profundicen sobre procesos metodológicos, articulación de actores y liderazgos en los procesos de la “Paz Total”, vale la pena resaltar algunas notas de lo que puede considerarse necesario abordar en esta gran agenda y avanzar en reflexiones que sumen en el tablero político actual:
1) Establecer una ruta clara de trabajo con los actores armados, agendas realistas, limitadas en el tiempo, delegaciones diferenciadas por temas y puntos de articulación con el Acuerdo de Paz existente.
2) Definir de manera diferenciada el trato y status político que se le otorgara a los diversos grupos armados.
3) Plantear un mensaje claro, de confianza y unidad, que ofrezca garantías para la no impunidad y el respeto por los derechos para las víctimas.
4) Incluir el enfoque de género y asegurar la participación de las mujeres, ya que su aporte deberá ser clave desde el inicio hasta la finalización de los diálogos, facilitando propuestas que incentiven una agenda integral de paz, a la democratización del país, y a la superación de la violencia y los conflictos territoriales.
5) Finalmente es importante definir roles claros al interior del gabinete de gobierno y unidad de mando para evitar choque de trenes en las agendas que se construyan para la consecución de la Paz.
Por: William Ferney Gallo Numpaque, Oficial del Programa de Influencia.
